Lo que el gobierno puede saber de ti (y cómo)

Quizás no seas periodista, ni activista, ni político. Te sientes seguro porque asumes que tu información no es de interés para el gobierno. Pero estás equivocado.

Hay dos tipos de vigilancia gubernamental. Por un lado, está el enfocado, como el del reciente caso Pegasus de presunto espionaje a figuras como Carmen Aristegui, Ricardo Anaya o Rafael Cabrera. Por otro lado, está la vigilancia masiva, de la que todos podemos ser (o ya somos) objeto.

“Todos están siendo puestos en vigilancia masiva”, explica Carlos Brito, director de incidencia de la organización R3D (Red en Defensa de los Derechos Digitales) en una entrevista con Expansión. “Todas las líneas de telefonía móvil del país (108 millones) son registradas y monitoreadas durante sus primeros dos años, creando metadatos o datos retenidos a los que la autoridad puede acceder”.

Desde 2016 se determinó que, para tener acceso a esta información, las autoridades correspondientes requieren de una orden judicial, tal como lo regula el artículo 16 de la Constitución sobre protección de datos personales. Sin embargo, un estudio realizado por R3D entre 2014 y 2016 muestra que no se solicitó información en el 99% de las líneas espiadas.

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Así, a través de una orden judicial, las autoridades pueden obtener estos metadatos (información sobre a quién contactó, con qué frecuencia, por qué zonas se movió), de las compañías telefónicas que operan las líneas. Es decir, los metadatos pueden formar un perfil de la persona con cuestiones íntimas como preferencias políticas, religiosas y sexuales, estado de salud y relaciones personales.

Si bien la orden judicial forma parte de los requisitos para brindar información a las autoridades, R3D denuncia que muchas de las autoridades que tienen acceso a los datos ni siquiera están facultadas para hacerlo.

Legalmente, sólo están autorizados la Policía Federal para casos específicos de prevención del delito, el CISEN, para la seguridad nacional, y los ministerios públicos federales y estatales, para realizar investigaciones de delitos. Sin embargo, según el informe El estado de la vigilancia: fuera de control Publicado por R3D en noviembre de 2016, instituciones como el INE, al menos doce gobiernos estatales y el Ministerio de Hacienda, entre otros, realizan estas solicitudes de información. Aunque se desconoce si los operadores les entregan la información.

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Las empresas que operan las líneas tienen la facultad de denegar estas solicitudes por falta de respaldo o legalidad, sin embargo, dice, pocas lo hacen.

Según una solicitud de información realizada por R3D al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en el primer semestre de 2016, AT&T rechazó el 46,6% de las 5.503 solicitudes de acceso a datos de usuarios; Megacable, el 63,55% de las 115 solicitudes que recibió, y Movistar rechazó el 7,9% de un total de 4.341 solicitudes. En cambio, Axtel y Telcel no rechazaron ninguna solicitud. Telcel fue la empresa que más solicitudes recibió con 27.672 en el primer semestre de 2016.

Expansión contactó a Telcel pero no obtuvo una respuesta inmediata.

“Estas bases de datos suponen todos los posibles ciudadanos criminales. Y son bases que no se eliminan, están ahí, aunque cambiemos de gobierno, y no sabemos para qué nos van a servir”, explica Brito.

En Europa, un grupo de ciudadanos solicitó acceso a sus propios metadatos en 2014 en Alemania, lo que terminó con una orden de la Corte Europea para cancelar la retención de esta información ciudadana, alegando que saber que están siendo monitoreados modifica comportamientos y limita la libertad de expresión. , lo que significa un golpe a la democracia.

Por otra parte, también bajo orden judicial y de forma más focalizada, las autoridades pueden intervenir comunicaciones privadas -contenido de mensajes, llamadas, correos electrónicos-, y revisar la geolocalización -en tiempo real, puede ser de hasta seis meses-.

“No todo el mundo debería tener miedo de recibir mensajes de Pegasus”, dice Brito. “Pero todos debemos ser conscientes de que estamos siendo observados de formas de las que no siempre podemos protegernos con mensajes encriptados”.

Este lunes, el diario estadounidense New York Timespublicó el tercer informe en el que dice que el gobierno mexicano utiliza un software llamado Pegasus para espiar dispositivos móviles, en este caso de grupos activistas como el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que colaboró ​​en la investigación del caso Ayotzinapa.

El gobierno mexicano ha negado categóricamente el espionaje, afirmando que “no hay pruebas” de que sus agencias hayan realizado el espionaje y ha pedido a los espiados que presenten una denuncia.